La crisis en la salud está cobrando vidas: ginecobstetricia, el servicio de más riesgo en las regiones

La crisis de salud tiene en vilo a gran parte del país. Son muchas las regiones que presentan afectaciones en sus hospitales a raíz de las billonarias deudas de las EPS, muchas intervenidas por el Gobierno Nacional, con las IPS. En lo que va del año, el pasivo que las EPS siguen sin cubrir asciende a un total de 3,5 billones de pesos en el Valle del Cauca. Esto ha impactado a diferentes servicios, entre ellos, las salas de recién nacidos. Estos servicios de la capital vallecaucana en materia de salud se extienden a regiones como Cauca, Nariño y Chocó, además del Valle.

“El problema no es de hoy. Es un problema que se basa en la economía, porque los servicios de pediatría son poco rentables, se necesita a un pediatra, a un cirujano pediatra, un anestesiólogo y al grupo de apoyo”, dijo la secretaria de Salud del Valle, Cristina Lesmes.

Este año, en una reunión de la Comisión Legal de la Mujer del Concejo de Cali, Lesmes informó que van más de 250 servicios cerrados en salas de ginecobstetricia y de pediatría en centros clínicos, la mayoría privados. “Igual pasa con los servicios de ginecobstetricia, pero hay que tenerlos abiertos durante las 24 horas, porque los partos no tienen horarios. Pero la tarifa de pago de una materna no se compadece con el costo de tener abierto el servicio. Por eso, el público se mantiene a pérdida. Si eso no se ajusta, siempre habrá deuda pendiente y pérdidas”, explicó.

La presidenta de la Comisión Legal de la Mujer en el Concejo de Cali, Audry María Toro, explicó, además, que en Cali se pasó de 105 casos de muertes de madres gestantes en 2020 a 136 en 2025 y que son los hospitales públicos los que estarían hoy soportando la demanda de estos servicios ante el cierre de los privados. En el Valle volvió a surgir la propuesta de adelantar mesas de concertación con las EPS o entidades promotoras de salud. 

De los 3,5 billones de pesos que deben estas instituciones, la deuda en la red privada está por el orden de los 2 billones. Según el Concejo de Cali, en esta mesa son necesarios delegados del Ministerio de Salud y de la Superintendencia de Salud para buscar salida al billonario pasivo que mantiene crítica la red hospitalaria pública y del sector privado en todo el Valle. La presidenta de la Comisión Legal de la Mujer llamó la atención para que se brinden soluciones al cierre de servicios de unidades de alto riesgo obstétrico y de cuidados intensivos de neonatos, “debido a que no reciben los pagos de parte de la Nación”. Mencionó como deudoras a la Nueva EPS, Emssanar, Coosalud y Asmet Salud.

Gloria Guanene, de 65 años, es una caleña que en los últimos siete años ha venido acudiendo a tutelas, rogando cada mes por terapias, luego de que le detectaron un tumor en el lado derecho del cerebro. Ella y miles de personas en el departamento claman por medicamentos de alto costo, tratamientos y cirugías a las EPS, entidades que adeudan ya 3,5 billones de pesos a hospitales públicos y clínicas privadas del Valle del Cauca. A Gloria le extirparon el tumor de la cabeza, extrayéndole parte del cerebro, y quedó con síndrome convulsivo. Desde entonces, ha seguido luchando para acceder a atención médica. Gloria, que fue afiliada a Coomeva, la cual entró en liquidación en 24 departamentos del país en 2022, fue trasladada por el Ministerio de Salud a la Nueva EPS. Ahora, su nueva lucha ha sido lograr la asignación de citas en la Nueva EPS para continuar con su tratamiento y recibir los medicamentos a tiempo

Sobre la crisis de la salud en Antioquia, la secretaria de Salud e Inclusión Social, Marta Cecilia Ramírez, opinó que el departamento está atravesando por el peor momento en la historia en materia de acceso a los servicios de salud. “Se han prolongado las esperas para los procedimientos, se han cerrado camas, se han cerrado servicios, lo que hace que se nos haya casi que duplicado las ocupaciones de urgencias en las instituciones de alto nivel de complejidad”, afirmó la funcionaria.

Esta situación, agregó, ha hecho que los pacientes, al no poder acceder a la consulta ambulatoria o a la autorización de los exámenes, estén buscando ser atendidos por urgencias, lo que agrava la situación. A marzo de 2025, el Sistema de Información Hospitalaria (Siho), que es un sistema de información del Ministerio de Salud donde los hospitales cuelgan la información, indicó que a la red pública de Antioquia se le adeudan 1 billón 729.000 millones de pesos: “Esos 1,7 billones están representados en más de 760.000 millones de pesos con más de 360 días y 952.000 millones de pesos en una cartera corriente. Es sorprendente cómo se incrementa esta cartera del año 2022 al 2025, pasando de una cartera corriente de 571.000 millones de pesos a 962.000 millones, la gráfica es espantosa”.

Asimismo, indicó que la cartera de más de 30 días pasó de 516.000 millones de pesos a 767.000 millones de pesos en ese periodo de tiempo. Esto –dijo Ramírez– trae como consecuencia que la red hospitalaria esté ilíquida y haya tenido que cerrar servicios o comprimirlos. “Ellos no lo hacen oficialmente, pero dejan de recibir a los pacientes porque no tienen los insumos ni los medicamentos necesarios para poder atender, tampoco tienen con qué pagar a sus proveedores de insumos y medicamentos y han tenido retrasos de nómina”, puntualizó.

Esta crisis en Antioquia se ha empeorado desde la intervención de la Nueva EPS, que tiene cerca de un millón de afiliados en el departamento y se agravó aún más con el problema con Savia Salud, que viene intervenida y que tiene más de 1,7 millones de afiliados en Antioquia. “Sus indicadores Fénix se deterioran –que son los que nos muestran la atención de los pacientes–, pero sobre todas las cosas, la cartera cada vez se hace impagable, donde a marzo de este año ya tiene unos pasivos que están en 1,2 billones de pesos”, afirmó la secretaria de Salud.

Para tratar de paliar la situación, desde la Administración Departamental han realizado algunos esfuerzos financieros. El año pasado, por vía de ajuste institucional y por saneamiento fiscal y financiero, se inyectaron más de 90.000 millones de pesos a los hospitales, apoyándolos con inversiones en infraestructura y dotación. Y para este año, indicaron desde la Secretaría de Salud que se tienen previstos 85.000 millones de pesos para aquellos hospitales que tienen problemas y que están en riesgo mediano y alto, y poder mitigar la iliquidez de manera que les permita operar y salir de este riesgo.

“Nos preocupa mucho los pacientes de cáncer y los pacientes de alto costo. Ya hemos conocido de fallecimiento de pacientes esperando sus medicamentos. Y aquellos que no pueden acceder a los medicamentos con gasto de bolsillo, pues de todas maneras han tenido una afectación muy grave a su condición de salud, llegando hasta la muerte”, afirmó Ramírez.

A esto se suma la preocupación por el cierre de camas hospitalarias, ya que está generando un colapso en la red e incrementando la insuficiencia en la misma para la prestación del servicio.

El sistema de salud del Atlántico atraviesa una profunda crisis financiera y de gestión. Entre el 1.º de enero y el 30 de junio se han presentado en la Coordinación de Salud 3.642 quejas contra las EPS, según lo denunció el diputado departamental Henry Canedo. Advirtió que la ESE Universitaria del Atlántico (UNA), creada para mejorar la atención en salud, ha sido un “fracaso”. Asegura que esta entidad arrastra deudas por más de 190.000 millones de pesos, situación que compromete seriamente la sostenibilidad del servicio.

“La salud en el departamento del Atlántico, desde la creación de la ESE Universitaria del Atlántico (UNA), ha sido un desastre. No les pagan a los empleados contratistas desde hace más de seis meses”, sostuvo Canedo, quien explicó que la millonaria deuda corresponde tanto al proceso de liquidación de los antiguos hospitales como al funcionamiento actual del nuevo modelo, que opera cuatro centros asistenciales.

El diputado señaló que el problema radica en un manejo equivocado de la salud pública, que se ha convertido en un negocio para intereses particulares. “La salud del departamento está en manos de personas equivocadas, que la manejan como un negocio para particulares y no como un sistema que debe funcionar para todos los habitantes del departamento”, dijo.