Nuevo giro en el futuro del Muelle 13 de Buenaventura: esta es la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca sobre impactos ambientales

El lío por el manejo del Muelle 13 de Buenaventura que ha desatado una puja en el último año entre el Gobierno Nacional y el concesionario Grupo Portuario S. A. tiene un nuevo capítulo. 

La decisión

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó la solicitud de demanda cautelar que presentó la concesión del mismo Grupo Portuario contra la resolución 004 del 2 de enero de este 2025 sobre la decisión de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) en contra de las operaciones por este privado. La decisión del Tribunal se tomó el pasado 17 de septiembre.

Muelle 13 de Buenaventura Foto:Ventura Group

Para la autoridad ambiental, la concesión requiere demostrar acciones que no vayan a causar daños al medioambiente. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ratificó la decisión de la Anla, pues considera que no habría garantías sobre cómo responder a impactos ambientales en la concesión. Esto significa que vuelve la orden de que la administración a cargo del Grupo Portuario queda frenada.El mismo Tribunal Administrativo de Cundinamarca había exigido, mediante medida preventiva, una nueva instrumentalización ambiental sobre el Muelle 13.

Muelle 13 de Buenaventura Foto:X: @susanamuhamad

La controversia de más de un año

Esta ha sido una controvertida disputa entre los empresarios y el gobierno del presidente Gustavo Petro, desde el último año. El Gobierno ha buscado revocar el contrato de forma anticipada.El lío empezó en diciembre de 2023, cuando la ANI había aprobado renovar la concesión, pero después revocó la autorización. El Grupo Portuario ha tenido esa concesión desde el 2005, es decir, durante estos últimos 20 años y la empresa ha querido renovarla hasta el 2045, en otras palabras, por otros 20 años.

Muelle 13 de Buenaventura Foto:Grupo Portuario

El pleito llegó a los tribunales en 2024, pues el Grupo Portuario solicitó medida cautelar, mientras se evaluaba dicha concesión, frenando las resoluciones de la ANI.El demandante privado ha sostenido que las decisiones del Gobierno vulneran el debido proceso y tienen una falta de motivación.Pero, el Gobierno Nacional siguió con la pelea, asegurando que el Muelle 13 regresaba a manos del Estado desde comienzos de este 2025, con el propósito de fortalecer las industrias pesquera, naviera y astillera.Según el Estado, con el Ministerio de Transporte y la ANI, “en 1997, el entonces Fondo Rotatorio de la Armada Nacional era el titular del contrato de homologación y administrador del predio y firmó un contrato de arrendamiento con un grupo portuario, bajo un acuerdo que estuvo vigente durante 27 años y concluyó el 6 de enero de 2025. Este contrato, sin embargo, no correspondía a una concesión reglada conforme con las normas vigentes.Actualmente, el Instituto Nacional de Vías (Invías) es el titular de esta infraestructura, lo que otorga al Gobierno la facultad de definir el momento y las actividades para las cuales podrá ser utilizada”.La entonces ministra de Transporte, María Constanza García, había dicho en enero: “Hoy en nuestros puertos tenemos una capacidad instalada de 400 millones de toneladas y solo usamos 180 millones. En Buenaventura, lo cual genera preocupación, hay una capacidad instalada de 48 millones de toneladas y se están usando solo 20 millones de toneladas, lo que quiere decir que hoy Buenaventura tiene una capacidad de más en el puerto que hace todo el sentido cuando hablamos hay que modernizarlo”.A su vez, el Gobierno ratificó su decisión de no prorrogar la concesión, luego de que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) había señalado el 2 de enero de este 2025 imponer una medida preventiva de suspensión temporal de actividades en el muelle, a cargo de la sociedad Grupo Portuario S. A.En la Anla se indicó que “la suspensión estará vigente hasta que el operador presente un instrumento de manejo y control ambiental adecuado y actualizado, con medidas específicas para mitigar, prevenir, corregir y/o compensar los impactos ambientales identificados”.

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