'Es un intento desesperado de una guerrilla cobarde que se da cuenta de que militarmente no puede': comandante del Ejército, tras asonadas en Jamundí

El general Federico Alberto Mejía Torres, comandante de la Tercera División del Ejército Nacional, se pronunció tras las asonadas en Villa Colombia y Ampudia, zona rural de Jamundí, donde cerca de 150 soldados fueron retenidos por parte de pobladores de la zona y posteriormente, lograron liberarse y replegarse hacia la parte plana del municipio de sur del Valle del Cauca.

El oficial aseguró que lo ocurrido hace parte de una estrategia desesperada de la estructura guerrillera ‘Jaime Martínez’, que busca frenar las operaciones militares mediante el uso de civiles como escudo humano.

El alto mando militar calificó los hechos como: "Reflejo apresurado de una guerrilla cobarde, que ya no puede enfrentar directamente a las fuerzas armadas y, en su lugar, recurre al acoso y la manipulación de la población civil".

"Lo que estamos observando hoy no es más que el intento desesperado de una guerrilla que se da cuenta de que militarmente no puede enfrentar al Ejército de los colombianos, y que finalmente se escuda tras la población civil", afirmó el general Mejía Torres.

Según el comando de la Tercera División, en los días previos a los disturbios, se registraron múltiples reportes de civiles amenazados y presionados por miembros de la estructura armada ilegal para que participaran en movilizaciones forzadas. 

"La población civil no desea estar bajo las pretensiones de estas estructuras terroristas. Por años han vivido en el terrorismo, el sometimiento y la humillación. Hoy nos están contando que fueron obligados a salir a las calles bajo amenazas", señaló el oficial.

Durante la jornada, un grupo de aproximadamente 500 personas llegó al sector de Villa Colombia y unas 250 al corregimiento de Ampudia, ambos consideradas zonas de influencia histórica de la estructura ‘Jaime Martínez’. 

Lo más grave, según informó el Ejército, fue un intento de desarme contra uno de sus soldados. "Un grupo de personas, de forma agresiva e ilegítima, intentó arrebatar las armas de dotación a uno de nuestros militares, quien cumplía con su deber constitucional", detalló el general Mejía Torres.

"Este acto constituyó una agresión actual e inminente contra la vida e integridad de nuestra tropa y contra la seguridad del dispositivo militar en el sector", agregó.

Ante la situación, el personal militar actuó en legítima defensa, tal como lo establece el artículo 32 del Código Penal colombiano, que permite repeler agresiones que pongan en riesgo la vida o la integridad física de las personas. El Ejército aclaró que el uso de la fuerza fue proporcional, controlado y ajustado a derecho.

"Actuamos en estricto cumplimiento de los principios constitucionales y legales que rigen el uso de la fuerza. No hubo exceso; hubo defensa de la vida de nuestros soldados y de la integridad del armamento institucional", enfatizó el comandante Mejía.

El Ejército Nacional anunció que presentará denuncias formales ante las autoridades judiciales competentes para que se investiguen los hechos, especialmente los actos de coacción contra civiles y el intento de desarme de un militar en servicio.

En su declaración, la Tercera División reiteró su compromiso con el respeto a los derechos humanos y rechazó categóricamente cualquier acción que ponga en riesgo la seguridad de la población civil o la misión constitucional de las Fuerzas Militares.

"Rechazamos este tipo de acciones que vulneran los derechos fundamentales, alteran el orden público y atentan contra la labor de protección que realizamos diariamente. Mantendremos nuestra presencia sostenida en el suroccidente del país para garantizar la seguridad de todos los habitantes", concluyó el general Mejía Torres.

Por su parte, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, condenó este hecho en el que los uniformados patrullaban la zona.

La violencia contra servidores públicos es un delito grave e inaceptable.

"Solicitamos a la Fiscalía General de la Nación y a los organismos internacionales de DD. HH. que investiguen, sancionen y visibilicen este atentado contra la libertad y la seguridad en el Valle del Cauca", publicó la mandataria en su cuenta de X.

"El Estado de derecho se respeta: acompañáremos a nuestra Fuerza Pública que seguirá con las operaciones hasta llegar a Villa Colombia porque no existen territorios vedados para los soldados de la patria", concluyó.