Líderes comunales del Valle del Cauca serían utilizados por las disidencias para el cobro de extorsiones y 'vacunas': piden más seguridad
El Ejército ha propinado duros golpes a las disidencias, por lo que buscarían financiación efectiva. Foto:Cortesía
En municipios vallecaucanos como Jamundí y Sevilla hay preocupación por la estrategia que estarían implementando disidencias de las Farc al presionar a líderes comunales para el cobro de extorsiones o 'vacunas'.Según denuncian algunos habitantes, dichas intimidaciones las habrían hecho integrantes de los frentes 'Adán Izquierdo' y 'Jaime Martínez', al mando de alias Iván Mordisco, quien buscaría fortalecer este tipo de economía ilegal, y por consiguiente, su poderío militar.



El Ejército ha propinado duros golpes a las disidencias, por lo que buscarían financiación efectiva. Foto:Cortesía
Ante la fuerte presión de las autoridades, estos grupos armados ilegales habrían empezado a intimidar a líderes que sirvan como intermediarios entre la población civil y grupos armados.Clamor por seguridad e intervención institucional
Desde la Asociación de Personeros del Valle del Cauca, manifestaron su preocupación por la situación y pidieron a los líderes afectados, denunciar este tipo de actos. También hicieron un llamado a la institucionalidad para que se ponga al frente de esta problemática.
Jamundí ha sido víctima de atentados por parte de la disidencias. Foto:Santiago Saldarriaga. EL TIEMPO
De igual manera, pidieron a las autoridades competentes garantizar la seguridad de dichas comunidades.Los primeros reportes indican que la estrategia consiste en visitar a las familias que habitan en zonas veredales y corregimientos con el fin de recolectar las 'vacunas' o pagos de extorsiones. Posteriormente, los recursos deberán ser entregados a los integrantes del grupo armado.
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Otro de los aspectos que también fueron denunciados es que los cobros de las extorsiones no son iguales para todos los habitantes, en especial, los de las zonas rurales. El valor varía según las pertenencias de cada persona, que pueden oscilar entre 30.000 y 120.000 pesos.
Comunidad pidió mayor acompañamiento de las autoridades ante intimidaciones. Foto:Cortesía Ejército.
Esta práctica también ha sido denunciada en corregimientos como San Antonio y en las veredas Coloradas, Chorreras, Circacia, Las Flores y Santa Elena, donde algunos líderes habrían sido instrumentalizados para hacer parte de esta dinámica de economía ilegal.Las intimidaciones e instrumentalización de la sociedad civil en el conflicto también se han extendido hasta el departamento de Nariño, donde integrantes de las disidencias guardarían sus armas en viviendas y resguardos, poniendo en peligro a la comunidad.A esto se le suma la instrumentalización de algunos pobladores, que han generado asonadas y ataques contra integrantes de la Fuerza Pública.
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