A la cárcel, tres presuntos autores de una de las motos bomba en el oriente de Cali dentro de escalada terrorista de los disidentes: así va el proceso

Por petición de la Fiscalía General de la Nación, un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra tres capturados, señalados de detonar la moto bomba contra el CAI de la Policía en el barrio Manuela Beltrán, del distrito de Aguablanca, en el oriente de Cali. 

Este fue uno de los atentados de la escalada terrorista de aquel 10 de junio, día fatídico por acciones de las disidencias de las Farc del frente 'Jaime Martínez', bajo el mando de 'Iván Mordisco', atentados que ocurrieron en Cali y Jamundí, en el Valle, y en el Cauca, dejando cinco muertos y más de 80 heridos en ambos departamentos. Dos de las víctimas fatales eran policías. En Cali explotaron tres motos bomba: en los barrios Manuela Beltrán y Los Mangos, en el oriente, y Meléndez, en el sur de la ciudad. 

Los tres procesados por la moto bomba en Manuela Beltrán son  Néinyer Valencia Anizares, Darwin Daniel Flórez Suárez y José Luis Riascos Torres, como presuntos responsables de la activación del artefacto en el vehículo.

"Producto del ataque un peatón que pasaba por el lugar quedó herido y varias edificaciones entre estas la sede policial, presentaron daños de consideración", dice el informe de la Fiscalía. 

En ese sentido, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los procesados los delitos de terrorismo, homicidio agravado en grado de imputó a los procesados los delitos de terrorismo, homicidio agravado en grado de tentativa y daño en bien ajeno. Los cargos no fueron aceptados.

"Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que Valencia Anizares y Riascos Torres habrían realizado vigilancias en el sector para evitar que fuera detectado el artefacto; mientras que Flórez Suárez es señalado de transportar la motocicleta bomba hasta el barrio Manuela Beltrán y entregarla a otro hombre que se encargó de ubicarla en el punto indicado". 

Solo en Cali, las cruentas acciones del 10 junio marcaron a la ciudad y al suroccidente del país. Causaron cinco muertos, tres de ellos, civiles y además de los heridos, más de un centenar de personas quedaron afectadas por impactos psicosociales y daños en sus viviendas, donde algunas tienen locales comerciales en los primeros pisos.

El balance exacto, de acuerdo con un primer censo que realizaron en la alcaldía de Cali con personal de la Personería del distrito y con el acompañamiento de la Unidad para las Víctimas arrojó 151 afectados.

"La Unidad para las Víctimas, en cabeza de su director general Adith Rafael Romero Polanco, informa a la opinión pública que, desde el primer momento en el que se conocieron los repudiables ataques terroristas ocurridos en Cali, emprendió acciones a través de su dirección territorial en el Valle del Cauca para atender a la comunidad afectada", reportaron en la entidad.

Fueron tres motos bomba que detonaron los disidentes del frente 'Jaime Martínez' dejaron a su paso muerte y zozobra en tres barrios de Cali: Meléndez, en la comuna 18 del suroccidente caleño, y en Los Mangos y Manuela Beltrán, del distrito de Aguablanca, en el oriente de esta capital.

Según ese primer censo de afectación, se pudo determinar que en el sector de la explosión en Los Mangos, 52 personas tienen afectaciones de distinto tipo y se registran daños en 23 casas.

Asimismo, en el sector de Meléndez donde fue detonada a control remoto otra de las motos bomba se contabilizaron 40 inmuebles averiados y 52 personas afectadas.

En el barrio Manuela Beltrán, a su vez, hay un inventario de 20 familias damnificadas y 47 personas con distintas afectaciones físicas y psicosociales.

No obstante, de acuerdo con la Unidad para las Víctimas, hasta ese mismo 12 de junio, "la alcaldía de Cali no había formalizado el acuerdo de subsidiariedad, que es el procedimiento que normativamente tiene a la mano para solicitar, primero ante la gobernación del Valle del Cauca y después ante la Unidad para las Víctimas, recursos adicionales para atender una emergencia como la que afronta la ciudad".

"Sin embargo, la entidad continuará a disposición, haciendo incidencia en la convocatoria de los escenarios de coordinación institucional establecidos en la ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras) y la ley 2124 de 2024 que la reformó, para brindar respuestas oportunas a las personas afectadas por estos repudiables hechos", sostuvieron en la Unidad.

CAROLINA BOHÓRQUEZ 

Corresponsal de EL TIEMPO

Cali