La nueva decisión del Tribunal sobre la operación del Muelle 13 de Buenaventura: revelan más detalles del proceso en disputa con el Gobierno Nacional

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante el auto número 380, ratificó la decisión del Consejo de Estado de que el Grupo Portuario S. A. podrá continuar con el contrato de concesión del Muelle 13 de Buenaventura.

La sentencia del Consejo de Estado, con fecha del 14 de julio de este año, cuyo demandante fue el Grupo Portuario contra la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), confirmó la decisión que había tomado el mismo Tribunal Administrativo, a través del auto del 13 de diciembre de 2024.

El Tribunal suspendió las resoluciones 20243000000135 del 5 de enero de 2024 y 20243030002515 del 14 de marzo de ese año, por parte de la ANI, con las cuales, se pretendía anular la prórroga la concesión vigente del Grupo Portuario. Esta empresa anunció en este año nuevas acciones judiciales por fraude a resolución y un posible prevaricato, debido a que la orden del Consejo de Estado no ha sido acatada.

El auto 380 es, pues, resultado de esas nuevas acciones legales del Grupo Portuario como demandante de la ANI, el cual, hace referencia a la nulidad y el restablecimiento de derecho, con fecha del pasado 14 de agosto.

El auto declara: “Obedézcase y cúmplase lo resuelto por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, en providencia del 14 de julio de 2025”. Ese 14 de agosto, el Tribunal, a través de un segundo auto, el 381, fijó realizar la audiencia inicial en este nuevo proceso, el 11 de diciembre de este año.

Esta ha sido una controvertida disputa entre los empresarios y el gobierno del presidente Gustavo Petro, desde el último año. El Gobierno ha buscado revocar el contrato de forma anticipada.

El lío empezó en diciembre de 2023, cuando la ANI había aprobado renovar la concesión, pero después revocó la autorización.

El Grupo Portuario ha tenido esa concesión desde el 2005, es decir, durante estos últimos 20 años y la empresa ha querido renovarla hasta el 2045, en otras palabras, por otros 20 años.

El pleito llegó a los tribunales en 2024, pues el Grupo Portuario solicitó medida cautelar, mientras se evaluaba dicha concesión, frenando las resoluciones de la ANI.

El demandante ha sostenido que las decisiones del Gobierno vulneran el debido proceso y tienen una falta de motivación.

Pero, el Gobierno Nacional siguió con la pelea, asegurando que el Muelle 13 regresaba a manos del Estado desde comienzos de este 2025, con el propósito de fortalecer las industrias pesquera, naviera y astillera.

Según el Estado, con el Ministerio de Transporte y la ANI, “en 1997, el entonces Fondo Rotatorio de la Armada Nacional era el titular del contrato de homologación y administrador del predio y firmó un contrato de arrendamiento con un grupo portuario, bajo un acuerdo que estuvo vigente durante 27 años y concluyó el pasado 6 de enero de 2025. Este contrato, sin embargo, no correspondía a una concesión reglada conforme con las normas vigentes. Actualmente, el Instituto Nacional de Vías (Invías) es el titular de esta infraestructura, lo que otorga al Gobierno la facultad de definir el momento y las actividades para las cuales podrá ser utilizada”.

La entonces ministra de Transporte, María Constanza García, había dicho en enero: “Hoy en nuestros puertos tenemos una capacidad instalada de 400 millones de toneladas y solo usamos 180 millones. En Buenaventura, lo cual genera preocupación, hay una capacidad instalada de 48 millones de toneladas y se están usando solo 20 millones de toneladas, lo que quiere decir que hoy Buenaventura tiene una capacidad de más en el puerto que hace todo el sentido cuando hablamos hay que modernizarlo”.

A su vez, el Gobierno ratificó su decisión de no prorrogar la concesión, luego de que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) había señalado el 2 de enero de este 2025 imponer una medida preventiva de suspensión temporal de actividades en el muelle, a cargo de la sociedad Grupo Portuario S. A. 

En la Anla se indicó que “la suspensión estará vigente hasta que el operador presente un instrumento de manejo y control ambiental adecuado y actualizado, con medidas específicas para mitigar, prevenir, corregir y/o compensar los impactos ambientales identificados”.

En comunicado de Presidencia se habló, además, de “una auditoría realizada por la Contraloría General durante 2023 que reveló hallazgos sobre el estado de la infraestructura, irregularidades en la administración del contrato y deficiencias en la inversión destinada al mantenimiento y mejoramiento del muelle”.

No obstante, el actual contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, dijo que la entidad “ha hecho un seguimiento al proceso de aprobación y posterior rechazo de la solicitud de modificación sustancial del contrato de concesión suscrito por la sociedad Grupo Portuario S. A. contrato que vence en diciembre de este año”. También sostuvo: “La Contraloría General de la República ha alertado a la Agencia Logística de las Fuerzas Armadas y a la ANI sobre la importancia de precaver y evitar riesgos al patrimonio e intereses de la Nación”.

A la Contraloría le preocupa la parálisis por el detrimento patrimonial, luego de que el Consejo de Estado dio vía libre a la operación del Muelle 13 en manos del Grupo Portuario.

Si bien en la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo se reconoce que la ANI debe convocar a la autoridad ambiental competente, los magistrados determinaron: “Si la Anla -como autoridad ambiental- en cumplimiento de su actividad misional decide llevar a cabo actuaciones independientes, este es un asunto autónomo de dicha autoridad, que, en tanto no fue fundamento para la decisión de la ANI, no impacta la ejecutividad del acto administrativo de modificación contractual de esta última entidad”.

El Consejo de Estado también puntualizó: “Al respecto, la Sala reitera las consideraciones expuestas en los numerales 6.1 y 6.2 de esta providencia, en los cuales, se confrontó -de manera preliminar- los actos administrativos cuestionados con las normas superiores que se invocaron como vulneradas, a partir de lo cual, concluyó que, en efecto, en esta instancia procesal se demostró una indebida aplicación de la figura de la pérdida de la fuerza ejecutoria de los actos administrativos”.

Cuando se conoció la sentencia de lo Contencioso, el director de la ANI, Óscar Torres, insistió en que la concesión se termina y manifestó: “Hay un peritaje que se está gestionando en este momento para determinar el estado real del muelle, ya que existe una discrepancia entre los informes presentados por los peritos de la ANI y los de la concesión”. 

Agregó: “Vamos a buscar a una tercera persona que realice el peritaje y que establezca cuál es el verdadero estado del muelle, de manera que la concesión lo entregue en las condiciones en que lo recibió y así se pueda realizar la reversión al Invías”.

Para el Gobierno, el Muelle 13 “debe convertirse en un muelle operado y manejado por pescadores artesanales”.

Sobre este punto de la polémica intervino el presidente para América Latina de la Asociación Americana de Autoridades Portuarias (Aapa), Juan Andrés Duarte, al escribirle una carta en este año a la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, sobre los riesgos de la no operación del Muelle 13 para la comunidad portuaria internacional.

“Es importante hacer un llamado de atención urgente ante la grave situación que atraviesa Grupo Portuario con el contrato de concesión sobre el Muelle 13 de Buenaventura, a causa de un entendimiento parcial y desproporcionado de la legislación nacional y de los elementos fundamentales de la operación portuaria”, dice la misiva.

Duarte dijo que la homologación del contrato de operación a concesión portuaria del Muelle 13 ha respondido al marco legal vigente y añadió que “las acusaciones públicas” que apuntan a una afectación ambiental de la operación de este recinto “demuestran un profundo desconocimiento”.

“Las acusaciones públicas que se han dado en cuanto a la afectación ambiental por la presencia de palomas demuestran un profundo desconocimiento de las terminales de granel alimenticio a nivel internacional, los rigurosos protocolos de fumigación y de control de pestes, los requerimientos de las empresas importadoras, la trazabilidad detallada de la condición de la carga y la naturaleza del ambiente de Buenaventura”, anota la carta.

Sobre la propuesta del Gobierno de transformar el Muelle 13 en una terminal pesquera artesanal, Duarte dijo que “representa un detrimento patrimonial injustificable, que significaría la pérdida total de contraprestaciones para la Nación y el municipio, la destrucción de infraestructura especializada valorada en millones de dólares, la interrupción de la cadena logística de importación y exportación de carga a granel y la afectación a la seguridad alimentaria nacional”.

Pidió al Gobierno revisar y analizar la propuesta presentada por Grupo Portuario.

“La comunidad portuaria internacional observa con seria preocupación cómo un país que había logrado construir un modelo exitoso y autosostenible, ahora toma decisiones que lo desmantelan sin fundamentos técnicos sólidos”, afirmó el directivo.

CAROLINA BOHÓRQUEZ 

Corresponsal de EL TIEMPO

Cali